El Código Civil de 1855 le da a la tierra el carácter de un bien económico determinado y transable, estableciendo el concepto de dominio formado por tres elementos: uso, goce y disposición. Dicho concepto es aplicado también al agua en el actual Código de Aguas. Además, aparecen muchas disposiciones en materia de aguas, como es el caso de las servidumbres, que se extractaron del Código Civil francés. Desde principios de siglo comenzaron a dictarse disposiciones especiales en relación a concesiones de mercedes de aguas de riego e inscripción de derechos y sobre servicios eléctricos. La naturaleza jurídica de las aguas y regulación de problemas relativos a aprovechamientos comunes, fueron aclarados medianamente a través de la Ley Nº 2.139 dictada en 1908, donde se crean las “Asociaciones de Canalistas”.

Sin embargo, según la constitución de 1925 el concepto “tierra-persona” era inviolable y bajo ese contexto aparece la ley N’ 9.909, de 1951, que es considerada el «Primer Código de Aguas». Esta norma se mantiene sin modificaciones hasta 1967, año en que se dicta la Ley de Reforma Agraria, la que introduce con fuerza la idea de función social de la propiedad, provocando cambios en el concepto de propiedad, hasta 1973, e importantes modificaciones a este primer Código de Aguas.

Previa modificación de la Constitución Política, Código de Aguas y Código Civil, se establece que «todas las aguas son bienes nacionales de uso público», incorporándose al «dominio nacional de uso público», expropiándose, las aguas de dominio particular, para el sólo efecto de incorporarlas al patrimonio público pues se establece que los dueños continuarán usándola en calidad de «titulares de un derecho de aprovechamiento». El objetivo fundamental era obtener un uso beneficioso y cuotas o tasas de aguas racionalmente determinadas por el Estado.  Este derecho de aprovechamiento no se podía ceder o comercializar y el agua con la tierra estaban íntimamente ligadas. (Período 1951-1973).

Con la promulgación de la Constitución Política de 1980, la dictación del actual Código de Aguas (1981) y la derogación de la ley de Reforma Agraria, todo el sistema se modifica. Aún cuando se mantiene la idea de que las aguas son bienes nacionales de uso público y la de otorgamiento de derechos de aprovechamiento sobre ellas, este derecho ya no es considerado una merced o concesión, sino el de otorgamiento de propiedad (sobre ese derecho) por acto de administración, con todos los elementos que el dominio otorga: uso, goce y disposición.

Entonces, aparece una nueva relación que es ‘agua – persona’, separada de la tierra. La introducción de esta nueva idea de propiedad permite al titular de un derecho de aprovechamiento comercializar ese derecho (enajenar, hipotecar, arrendar, etc.). Ya no es el Estado quien determina las necesidades de agua, ni cuál es su uso racional, sino los particulares. Así, comienza a crearse un «mercado del agua», donde el titular de un derecho de aprovechamiento debe inscribirlo en un registro, al igual como se inscriben las propiedades raíces y otros bienes, con objeto de poder garantizarlo en el mercado, como un bien económico más.

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